Una de las principales determinantes del crecimiento económico es la inversión en infraestructura. De febrero a noviembre de 2017 se realizaron nueve foros en diversas sedes de nuestro país con el fin de establecer una agenda para el sector infraestructura con miras al año 2030, sobre los cuales se han publicado relatorías en la Revista Mexicana de la Construcción. Aquí se presenta un brevísimo resumen del extenso resultado: el documento “Infraestructura sostenible 2030. Política pública de infraestructura para el crecimiento y el bienestar. Una propuesta del sector privado”.
Como parte de los nueve foros regionales se llevaron a cabo 23 mesas temáticas a cargo de 201 expositores y panelistas, entre quienes hubo funcionarios y legisladores federales, funcionarios locales, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, académicos, especialistas y empresarios. Se contaron más de 2,500 asistentes a los foros y más de un millón de participaciones a través de redes sociales.
En el documento resultante (disponible en el sitio http://www.cmic.org.mx/29congreso/ponencias/) se presenta una propuesta de política pública de infraestructura, con enfoque integral y visión de largo plazo, orientada a incrementar los niveles de inversión y a mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura estratégica en México, a fin de impulsar un crecimiento económico sostenible de entre 4 y 5% anual con mayor equidad social y regional.
Para lograr un crecimiento económico alto, sostenible e incluyente es necesario lograr una asignación más eficiente e incrementar los niveles de inversión en infraestructura estratégica, así como avanzar hacia un sistema de planeación, preparación, evaluación y ejecución de proyectos más eficiente y eficaz. El diseño e implementación de una política de infraestructura integral y de largo plazo representa una de las mayores prioridades del país.
A pesar de que en los últimos años se ha ampliado la infraestructura en los diferentes sectores, México sigue enfrentando altos costos logísticos, insuficiente articulación en los diferentes modos de transporte, un marcado rezago en la infraestructura para la transformación y distribución eficiente de los energéticos, generación de energías renovables por debajo de su potencial, serios riesgos de desabasto de agua por un nivel insuficiente de inversión y una deficiente gestión de los recursos hídricos.
También padece costosas consecuencias económicas, sociales y ambientales derivadas de un crecimiento urbano desordenado, y diversos retos de calidad y cobertura en materia de infraestructura educativa y de salud, así como de servicios públicos en destinos turísticos. Adicionalmente, a pesar de los importantes avances registrados en la política transversal de infraestructura, es decir, en materia de planeación, preparación, evaluación y ejecución de proyectos, aún existen áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura pública.
La política de infraestructura que se plantea articula acciones concretas en tres dimensiones:
El primer punto se refiere al reto de incrementar significativamente la inversión pública y privada principalmente en infraestructura de comunicaciones y transportes, energía y agua, por el impacto de estos sectores en el crecimiento económico; también se enfatiza la necesidad de asignar y ejercer tal inversión de manera eficiente.
El segundo punto destaca la importancia de ampliar, modernizar y articular los diferentes modos de traslado de mercancías y personas para conformar un sistema nacional de logística y transporte seguro, eficiente, sustentable, de amplia cobertura, alta calidad y precios competitivos. Igualmente sobresale el propósito de fortalecer la infraestructura y tecnología de vanguardia para hacer efectivo el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
El tercer punto presenta acciones concretas de política transversal para mejorar la planeación, preparación técnica, financiamiento, ejecución y evaluación de la infraestructura, bajo la premisa de impulsar una política pública integral y de largo plazo.
Los procesos de asignación presupuestal y de evaluación de proyectos deben considerar criterios objetivos y medibles que permitan evaluar el impacto de las obras en el crecimiento económico y el bienestar de la población. De ahí la necesidad de aplicar una metodología que no sólo mida la rentabilidad socioeconómica de los proyectos sino también evalúe la contribución de éstos a la competitividad y la productividad, su impacto en el desarrollo regional, su alineación con las prioridades del desarrollo nacional, su influencia en la calidad de vida, su orientación sustentable y su enfoque integral.
En el contexto de un país con necesidades crecientes, los bajos niveles de inversión pública ensanchan el déficit de infraestructura estratégica. Para el caso de México, en el periodo 1950-2016 existe una correlación muy alta entre la evolución de la inversión pública como porcentaje del PIB y el comportamiento de la productividad total de los factores.
La productividad total de los factores indica a la medida en que se incrementa la
producción de un país por mejoras en la eficiencia logística y tecnología, prácticas empresariales o cualquier otro factor distinto al aumento de los insumos productivos, como son el capital y el trabajo. En síntesis, es “la eficiencia con la que la economía transforma sus factores de producción acumulados en productos” (BID, 2010: 4).
Se identificaron los retos presentes en el ciclo de infraestructura. Con base en este diagnóstico, la propuesta de política de infraestructura incluye un paquete de acciones concretas articuladas, orientadas a mejorar la asignación y elevar los montos de la inversión pública y privada en infraestructura estratégica, atender los retos sectoriales prioritarios y fortalecer la eficiencia y calidad en cada etapa del ciclo de infraestructura.
En los siguientes apartados se resumen las acciones prioritarias de la propuesta.
Se propone que sea reducido el gasto corriente en favor de la inversión pública en infraestructura económica, y regular fondos y programas que operan con alta discrecionalidad dentro del Ramo 23; al mismo tiempo, redirigir recursos de programas discrecionales del Ramo 23 a fondos de infraestructura.
De igual manera, modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer la inversión pública, incluyendo un anexo transversal sobre infraestructura; financiar sistemas sustentables de movilidad urbana con incentivos que inhiban la emisión de contaminantes; aprovechar activos públicos existentes para financiar nueva infraestructura utilizando como vehículo financiero al Fonadin; impulsar esquemas de financiamiento de obra con fuente propia de repago; monetizar flujos de recursos públicos recurrentes que cuentan con certeza legal; introducir incentivos para fomentar el consumo sustentable de energía y agua con tarifas competitivas, y reducir las pérdidas por fugas y tomas clandestinas, destinando los ahorros generados a la inversión en infraestructura; fortalecer las capacidades institucionales y financieras subnacionales en materia de APP.
De entre las muchas acciones propuestas pueden mencionarse conformar un sistema nacional de logística y transporte seguro, eficiente, sostenible, de alta cobertura, alta calidad y costos competitivos; privilegiar la expansión de la infraestructura de transporte multimodal para superar el aislamiento de la región Sur-Sureste en congruencia con la estrategia de desarrollo de las zonas económicas especiales; ampliar y modernizar la red del sistema ferroviario de carga y de pasajeros; consolidar el sistema de puertos marítimos e interiores ampliando su capacidad con un enfoque de especialización y complementación, más que de competencia interna; revalorar la importancia estratégica de la inversión en mantenimiento mediante paquetes multianuales para esta tarea; y dar continuidad a las grandes obras de infraestructura logística y de transporte.
La propuesta consiste en promover un régimen fiscal más competitivo y la autonomía presupuestal de Pemex para fortalecer su capacidad de inversión; alinear la infraestructura de transporte terrestre, ferroviario, logístico y multimodal con las nuevas exigencias del sector derivadas de la reforma energética; promover, como una de las más altas prioridades nacionales, el desarrollo de infraestructura y tecnologías para incrementar en forma consistente la proporción de energías renovables, entre otras acciones.
Construir, modernizar y rehabilitar la infraestructura de extracción, distribución, almacenamiento, potabilización y saneamiento para garantizar el abasto y calidad del agua. Fomentar el uso eficiente y sustentable de los recursos hídricos; impulsar las grandes obras de infraestructura hidráulica que requiere el país para abatir los rezagos en esta materia; transitar de un modelo de gestión del agua inercial, ineficiente y politizado a uno técnico, independiente, eficiente y financieramente sostenible; cuidar el equilibrio regional en las obras hidroagrícolas, atendiendo prioritariamente las necesidades de la región Sur-Sureste del país, y desarrollar la infraestructura necesaria para la protección de los centros de población ante los riesgos derivados del cambio climático.
Reactivar el Consejo Nacional de Vivienda de acuerdo con los alcances establecidos en el capítulo IV de la Ley de Vivienda y cumpliendo con lo establecido en artículo 29 incisos I al VIII. En materia de desarrollo urbano se propone regular la autoproducción de vivienda, generar bancos de tierra, impulsar un desarrollo urbano orientado a la atención de la demanda, garantizar que en el desarrollo de las zonas económicas especiales se considere un crecimiento urbano y de vivienda ordenado y sostenible.
Fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad; promover la regeneración de espacios públicos a través de comodatos u otros esquemas; transitar de la inercia del crecimiento urbano expansivo, desordenado y altamente costoso a un modelo vertical, de alta densidad y sustentable, entre algunas otras propuestas.
Dos de las acciones planteadas son ampliar la infraestructura para la conectividad de las principales zonas turísticas de México con destinos regionales de alto potencial turístico y desarrollar la infraestructura de servicios públicos urbanos que se requiere para satisfacer la demanda creciente en destinos turísticos en los que la capacidad de servicios ha sido rebasada.
Debe buscarse ampliar la infraestructura de educación media superior y superior, mejorar el mantenimiento de la infraestructura de educación básica, e incorporar intensivamente tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles educativos.
Extender la red de infraestructura de salud en el primer nivel de atención a fin de fortalecer el enfoque preventivo de salud pública, y desarrollar las obras necesarias para cerrar la brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud.
Resumen de la versión ejecutiva elaborado por Helios Comunicación.
Texto publicado en: Revista Mexicana de la Construcción RMC 633 Mayo-Junio 2018, página 6 a la 11. Disponible en https://issuu.com/helios_comunicacion/docs/rmc633_ok
Imágenes: Unsplash.
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