Othón Pérez Martínez
Coordinador de Asociaciones Público-Privadas, CMIC.
A pesar de que las asociaciones público-privadas son un área de oportunidad desde hace años en México, se han aprovechado poco y de manera general. Las dependencias de gobierno tienden a utilizar los métodos tradicionales en la obra pública. Los proyectos de APP que se han generado se concentran principalmente en carreteras, hospitales, centros de readaptación social y edificios gubernamentales.
México enfrenta una situación compleja y crítica debido al crecimiento poblacional, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. La concentración de la población en localidades urbanas incrementa la demanda de infraestructura para satisfacer necesidades de habitación, alimentos, productos y servicios.
El entorno económico hace que los recursos federales presupuestales sean cada vez más escasos; en consecuencia, se carece de recursos financieros para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y modernización de infraestructura existente.
Una manera eficiente de enfrentar todas estas necesidades es la concurrencia de los sectores público y privado, de forma que la experiencia y capacidades de este último contribuya a la planeación, diseño, construcción, mantenimiento, operación y explotación de la infraestructura. Para esto se requiere que quienes participen cuenten con certidumbre jurídica; que haya confianza entre autoridades y actores económicos, así como rendición de cuentas, y que existan distintos esquemas de financiamiento que permitan una mayor participación de la iniciativa privada. Asimismo, debe evaluarse el estado en que se encuentra la infraestructura existente para estipular su rehabilitación y considerar una planeación sustentable en el largo plazo.
Por lo anterior, es importante que los estados promuevan proyectos mediante asociaciones público-privadas (APP), y que sean conscientes del compromiso de largo plazo que asumen al hacerlo.
En este sentido, los afiliados a la CMIC deben estar preparados para formar parte de consorcios y hacer alianzas para participar en APP con apego a principios de ética y transparencia y con un profundo compromiso de responsabilidad social, para construir obras de calidad teniendo como prioridad el ordenamiento territorial, la preservación y cuidado del medio ambiente.
Las APP son instrumentos que combinan recursos públicos y privados para alcanzar metas que beneficien a todos los actores participantes en ellas, con el propósito de modernizar la infraestructura y ofrecer servicios públicos de mayor calidad. Son contratos de largo plazo entre gobierno y empresas, donde éstas financian el proyecto con sus propios activos de capital privado y de terceros inversionistas y financistas, a fin de desarrollar infraestructura teniendo como fuente de pago un contrato con el gobierno. El sector privado opera el proyecto, construye y equipa de acuerdo con el precio, tiempos y calidad acordados.
Pero a pesar de que las APP son un área de oportunidad desde hace años en México, se han aprovechado poco y de manera general. Las dependencias de gobierno tienden a utilizar los métodos tradicionales en la obra pública. Los proyectos de APP que se han generado se concentran principalmente en carreteras, hospitales, centros de readaptación social y edificios gubernamentales.
Lo que inhibe el desarrollo de las APP es, en primer lugar, la falta de voluntad de los altos mandos en las dependencias; asimismo, la falta de capacitación de los servidores públicos o debilidad institucional; la falta de capacitación del sector privado, que muchas veces no entiende el concepto; lo costoso de los estudios y la lentitud de los trámites. A ello se suma la dificultad para la formación de consorcios y para la integración del modelo financiero que sea del interés de los financistas.
Las empresas requieren inversiones cuantiosas en campos como servicios legales para establecer sociedades de propósito específico, contratos con bancos e inversionistas y servicios de consultoría para realizar los estudios que marca la ley, entre otros.
Por la parte gubernamental, una dependencia que promueve un proyecto de APP tiene que integrar muchos documentos y obtener autorizaciones diversas, situación que en muchos casos desanima a los servidores públicos.
En cuanto a las autorizaciones oficiales, los procesos requieren tiempo y esfuerzo, y a pesar de los cambios recientes en la Ley APP y su reglamento, los proyectos se están deteniendo en su autorización final debido a que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se analizan los proyectos de conformidad con los cambios en el artículo 36 bis de dicho reglamento.
En consecuencia, se plantean las siguientes necesidades:
En la Coordinación de APP de la CMIC se trabaja para:
Resumen de la versión ejecutiva elaborado por Helios Comunicación.
Texto publicado en: Revista Mexicana de la Construcción RMC 633 Marzo-Abril 2018, página 54 a la 57. Disponible en https://issuu.com/helios_comunicacion/docs/rmc633_ok
Fuente: Unsplash.
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