La participación del sector privado en proyectos que implican una inversión por varios años se remonta a inicios de la década de los 90. Desde entonces los contratos de prestación de servicios a largo plazo han propiciado el desarrollo de infraestructura en los diferentes sectores.
Un Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, desde una perspectiva jurídica, es un acto que involucra recursos de varios ejercicios fiscales, los cuales están sujetos al cumplimiento de un servicio. Dicho compromiso se efectúa entre una dependencia (órgano desconcentrado, una delegación o una entidad) y un proveedor.
Dicho contrato establece que el proveedor está obligado a prestar uno o más servicios a largo plazo, ya sea con recursos propios, facilitados por un tercero u otorgados por la administración pública. Recordemos que se considera un Contrato a Largo Plazo aquel con una duración mayor a quince años.
En términos generales implica el financiamiento, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los activos del proyecto que se ha concesionado; todo a cambio de un pago estimado por los servicios disponibles y la vialidad, la construcción de infraestructura carretera es un claro ejemplo de ello.
El tiempo que dura el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo se determina, en general, una vez que el contratante puede hacer una estimación de los requerimientos del servicio que brindará el proveedor.
Algunas de las consideraciones o factores que se toman en cuenta para establecer el tiempo del contrato son: cambios trascendentales en los requerimientos originales, cambios en las políticas, vida económica del activo o recurso, modificaciones potenciales en la forma como un servicio pueda proveerse, así como su disposición.
El contrato debe contener una metodología específica, la cual permita evaluar el desempeño del proveedor (empresa, organización, etcétera). En el caso de que dicha evaluación sea inferior a los parámetros establecidos, se puede aplicar algún tipo de descuento en los pagos (algo similar a una penalización); bajo términos de servicios no prestados.
Cuando todos los criterios o acuerdos establecidos en el contrato se cumplen sin ninguna observación de por medio, el gobierno, dependencia o entidad tiene la obligación de realizar los pagos correspondientes, mismos que se registran o se conocen como gasto corriente.
VISE participa activamente en el desarrollo de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), para ello cuenta con un área especializada en la realización de estudios de factibilidad, y de los procesos de estructuración legal y financiera, necesarios para dar pie a este tipo de proyectos.
Fuente: Facultad de Ingeniería UNAM, CMIC, SCT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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